Las próximas elecciones presidenciales en Bolivia siguen teniendo tela que cortar, a pesar de que falta cerca de dos meses para que se celebren.
El partido Movimiento Al Socialismo (MAS) ha recibido varias denuncias por incluir entre sus candidatos a varios sospechosos de narcotráfico, corrupción y trata de personas. La información salió a luz pública gracias a una investigación hecha por el periódico “Bolivia”.
Según la investigación entre los postulados figura Jorge Zárate Yucra, aspirante a diputado por Chuquisaca, vinculado a la venta de marihuana en planteles de educación en la ciudad de Sucre. También fue arrestado por ser señalado como cabecilla de la banda delincuencial “Free Fire”.
Por otra parte, familiares de la candidata María Roxana Nacif Barboza, se han visto envueltos en delitos de narcotráfico. En el 2016 un accidente en Santa Ana de Yacuma, acabó con la vida del hermano de María, José Elías, quien supuestamente estaba involucrado en el transporte de droga desde Bolivia a Paraguay, mientras que un hombre acribillado en Santa Cruz, en 2018, también poseía lazos familiares con María Roxana.
El delegado del MAS, Melvin Siñani, explicó que las acusaciones contra ambos candidatos no fueron probadas y no existe una sentencia que les impida ser postulantes a la Asamblea Legislativa.
Las indagaciones del medio “Bolivia” no terminan allí, Eva Luz Humérez Álvez, candidata a senadora para Pando, fue acusada de explotación sexual y tráfico humano. Se presume que en el 2016 se reunió con autoridades de la gestión de Evo Morales en su residencia, que funcionaba como prostíbulo, según “Bolivia”.
La aspirante a diputada uninominal por La Paz, Karen Mónica Saavedra, fue investigada por la Aduana Nacional de Bolivia, en 2012 ,por ingresar un vehículo con documentación falsa, sin embargo las acusaciones no pasaron a mayores.
Amílcar Barral, diputado de Unidad Demócrata (UD), acusó al MAS de “reciclar” candidatos con procesos penales abiertos o vínculos delictivos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la etapa para la presentación de demandas de inhabilitación, que se prolongará hasta el 18 de abril, según informa «Bolivia».