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La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó hoy lunes una denuncia contra la congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

La denuncia, interpuesta por la PGE, se produce luego de que el dominical Punto Final expusiera que la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) habría obligado a sus trabajadores o extrabajadores a depositar parte de sus sueldos para su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. 

En el reportaje también se observa una grabación de la congresista mientras borraba el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino mediante WhatsApp, minutos después de ser consultada por el mismo programa por los depósitos que realizaron sus trabajadores.

Mientras el Ministerio Público ya investiga el caso, la bancada de Alianza Para el Progreso retiró a la legisladora Rosio Torres de la Comisión de Ética luego de conocer el informe periodístico de «Punto Final».

Buzón de Noticias