La Fiscalía de Perú tiene el visto bueno del Poder Judicial para seguir invesigando al presidente Pedro Castillo durante el ejercicio de sus funciones por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación que interpuso la defensa legal de Castillo para revocar la resolución que rechazó la tutela de derechos presentada para que el mandatario sea excluido de la investigación preliminar por el caso “Provías Descentralizado-Puente Tarata”.
Según la tesis fiscal, el mandatario encabezaría una presunta organización criminal enquistada en altas esferas de poder con el objetivo de promover licitaciones públicas irregularidades.
La defensa legal del mandatario alegaba que Pedro Castillo solo puede ser acusado por cuatro causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución: por traición a la patria, por impedir las elecciones, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; así como por disolver arbitrariamente el Congreso e impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
Buzón de Noticias