Al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), un tribunal de arbitraje en Miami, EE. UU., le ha reconocido su derecho a recibir $35 millones adicionales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por concepto de costes laborales en el proyecto de ampliación de la vía interoceánica. La constructora española Sacyr, con una participación del 41,6% en el consorcio, se vería beneficiada con $14,56 millones, según informó la compañía.
El conflicto entre GUPC y la ACP surgió a raíz de los sobrecostes en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. En este sentido, el tribunal de arbitraje ICC emitió un laudo relacionado con el arbitraje sobre «Compuertas y costes laborales».
El fallo unánime del tribunal se suma a lo otorgado previamente por la resolución del Dispute Adjudication Board (DAB) o Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, el tribunal ICC solo ha estimado parcialmente la reclamación de GUPC, ya que ha rechazado, aunque no de manera unánime, la solicitud del consorcio de ser compensado por el rediseño de las compuertas, necesario para su adaptación al proyecto.
El consorcio GUPC, conformado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, obtuvo en 2009 el contrato para el diseño y construcción de las nuevas esclusas del canal, valorado en $3,118 millones. Sin embargo, el costo final resultó ser más elevado. Tras la entrega de la ampliación del canal en 2016, GUPC se encargó del mantenimiento durante tres años. En febrero de 2022, el consorcio recibió el «Performance Certificate» de la ACP, lo que implicó la devolución de todas las garantías previamente otorgadas por GUPC, según explicó Sacyr.
Buzón de Noticias