El viaje se volvió noticia luego que Elio Montes, ex gerente de la Empresa Nacional de Comunicaciones, ENTEL, acusado recientemente de corrupción, fuera retenido a su llegada Estados Unidos por intentar ingresar a suelo americano una cuantiosa cantidad de dólares, superior a la permitida por la aduna, según informó el periodista Gary Áñez.
La información obligó al director nacional de Migración de Bolivia, Marcel Rivas a confirmar que Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia de la república por el partido Creemos y Elio Montes, viajaron el pasado jueves 13 de febrero, en el vuelo 762 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Mientras, Marco Pumari viajó al mismo destino, un día antes, se presume con la intención de buscar financiamiento para la campaña presidencial del líder cruceño.
«A través de la Unidad de Análisis Migratorio hemos realizado el seguimiento del flujo migratorio y hemos comprobado que el señor Luis Fernando Camacho estaba en el mismo vuelo del señor Elio Montes y el señor (Marco Antonio) Pumari, fue al mismo destino en un vuelo un día antes», declaro el funcionario a medios de comunicación.
No sería la primera vez que Camacho y Montes viajan juntos. Recientemente trascendió a la opinión pública una foto en la que se demuestra de ambos usaban un avión de la empresa de telefonía nacional, ENTEL para viajar de La Paz a Santa Cruz, lo que representa un gasto para todos los bolivianos.
Como se recordará, Montes enfrenta acusaciones de corrupción por su gestión de 82 días como gerente de ENTEL, por solicitud de Luis Fernando Camacho, según lo denunciado por el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano. “Montes llegó a la gerencia de Entel por su vinculación al Comité Pro Santa Cruz, entidad a la que tuvo proximidad durante el paro cívico contra el expresidente Evo Morales, cuando Camacho presidía el comité”.
Actualmente se investiga a Montes por el delito de enriquecimiento ilícito y gastos dispendiosos en hoteles, vuelos privados, banquetes y pago de finiquitos con sumas superiores a los Bs 800 mil a funcionarios que no calificaban para indemnización alguna.