El contrato entre el Estado y la Minera Panamá ha sido objeto de justificadas «inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente”, aseguró la Conferencia Episcopal Panameña (CEP).
“Es indiscutible que, para los contratos mineros, el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales”, afirmaron en redes sociales.
Y cuestionaron: «¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común? Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios»
La iglesia plantea que les sorprende que diversos gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, «sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas”.
Buzón de Noticias