A pesar de haber llegado al poder como vicepresidente de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte resulta tener mayor rechazo, por esta razón, se desarrollan tantas protestas durante su gestión.
Debido a esto, el Gobierno de Boluarte debió aumentar el presupuesto destinado al rubro denominado «Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público».
En 2023, Boluarte gastó S/543,1 millones en este fin. Y para 2024, ha previsto invertir S/635,1 millones, de los que ha ejecutado al día del hoy el 66%.
De acuerdo con medios locales, ningún otro Gobierno había consumido tantos fondos públicos para sofocar los conflictos sociales, al menos desde 2015.
No obstante, mientras esto ocurre se reduce el presupuesto en otros graves problemas que afectan a los peruanos, como la minería ilegal y el narcotráfico. Ambas actividades están íntimamente relacionadas con circuitos criminales que afectan seguridad ciudadana, como la extorsión, el sicariato y la trata de personas.
Buzón de Noticias