El Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que el cierre de la fontera entre Colombia y Panamá evidencia vulneración en el derecho a la salud.
Esto se centró en Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá, en Antioquia, y Acandí y Unguía, en Chocó, municipios que forman parte del Urabá-Darién, subregión que tiene alrededor de 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El Centro alertó sobre un posible aumento de enfermedades endémicas, como la sífilis congénita, chikunguña, dengue y leptospirosis, en nueve municipios receptores de migrantes.
De acuerdo con estos datos, hay una brecha entre el número de camas hospitalarias requeridas, de acuerdo con el indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la cantidad real de camas instaladas en cada uno de los pueblos analizados en los dos departamentos.
Buzón de Noticias