La debilidad en la institucionalidad del Estado panameño quedó en evidencia con la negociación del contrato de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Así lo consideró la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que reiteró la necesidad de contar con funcionarios de carrera que tengan formación en gestión pública, que actúen en base a criterios técnicos y científicos, que resulten ser contrapartes calificadas ante locales e internacionales.
De acuerdo con el gremio, esta burocracia del Estado es lo que impide plantear modelos de desarrollo a seguir y las políticas públicas que deben acompañarlo, indicó el comunicado que lleva la firma de la presidenta del gremio, Marcela Galindo De Obarrio.
El pasado 14 de diciembre el Estado panameño ordenó el cese de operaciones del proyecto Cobre Panamá, luego de vencerse el plazo para que Minera Panamá concretara la firma del contrato, sobre la base del supuesto acuerdo alcanzado a principio de año, luego que el 22 de diciembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de 1997.
Ya pasaron cinco días sin que las autoridades panameñas den luces claras sobre el futuro del proyecto minero cuya inversión supera los 10 mil millones, que aporta cerca de 3.5% al producto interno bruto y más de 40 mil empleos directos e indirectos.
Buzón de Noticias